Fue a buscar agua al río como todos los días. De pronto, dos hombres la tomaron por la espalda, le pusieron un cuchillo en la garganta, la golpearon y uno de ellos la violó.
Producto de esa violación, Fausia* quedó embarazada.
A partir de ese momento, comenzó un calvario que cambiaría su vida para siempre.
Los agresores, a quienes conocía perfectamente, la amenazaron de muerte -a ella y a toda su familia- si denunciaba lo que había ocurrido.
Fausia, quería interrumpir su embarazo, pero en Honduras el aborto es ilegal en todas las circunstancias. No importa si la mujer fue violada, si su vida está en peligro o si el feto tiene malformaciones graves.
Tampoco tuvo acceso a la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), que le habría evitado un embarazo, porque en ese momento estaba prohibida.
Ella es una mujer indígena perteneciente al Pueblo Nahua y una defensora de derechos humanos en su país.
Honduras es una de las seis naciones en América Latina y El Caribe -junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Suriname- en las que el aborto está completamente prohibido.
El Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) presentaron esta semana el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de demandar “justicia para Fausia” y que Honduras modifique el marco legal que criminaliza totalmente el aborto.