Durante el año 2023, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta preocupante, entidad que manifestó que 148 municipios en todo el país estaban consumiendo agua de baja calidad, poniendo en riesgo la salud de cerca de 1.3 millones de personas.
Esta importante evaluación se realizó a través del índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, destacando la gravedad de la situación en diversas regiones.
Los casos más críticos se identificaron en localidades como Zaragoza, Antioquia, así como en Puerto Asís en Putumayo, Olaya Herrera, El Peñol y Samaniego en el departamento de Nariño. Estas zonas presentaron niveles alarmantes de inviabilidad sanitaria o alto riesgo para la salud de quienes consumían este recurso hídrico.
Evaluación
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, expresó su preocupación por la falta de evaluación de la calidad del agua en 758 pueblos, lo que afecta a una población aproximada de 8.9 millones de personas. Esta omisión dificulta la adopción de medidas necesarias para reducir los niveles de riesgo y garantizar un suministro de agua seguro para todos los habitantes.
En paralelo, la disponibilidad de recursos hídricos también ha sido motivo de inquietud. Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con fecha de corte al 5 de marzo de 2024, 271 municipios en Colombia experimentan desabastecimiento de agua. Esta situación se agrava durante fenómenos como el Fenómeno del Niño, que afecta de manera recurrente al país.
Panorama
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a los alcaldes municipales para que implementen estrategias que fortalezcan los servicios de agua potable. Esto incluye el uso de medios alternos para garantizar el suministro en situaciones de desabastecimiento, así como destinar recursos y diseñar programas específicos para mejorar las infraestructuras tanto en zonas urbanas como rurales.
«Es fundamental involucrar a los habitantes en la toma de decisiones relacionadas con el agua, evaluar tecnologías apropiadas para áreas rurales y cumplir con las funciones ambientales establecidas en la legislación», enfatizó el Defensor del Pueblo.
La colaboración entre entidades gubernamentales, comunidades locales y organismos de control es esencial para abordar de manera efectiva esta problemática que afecta la salud y calidad de vida de millones de colombianos.