Diego Caicedo, alcalde.

Magüí Payán se declaró en estado de emergencia por desplazamientos

Las comunidades de Magüí Payán, ubicadas en el departamento de Nariño, se encuentran en una situación crítica debido al desplazamiento de sus habitantes a causa del persistente conflicto armado que azota la región. Ante esta difícil realidad, los Consejos Comunitarios han levantado su voz y han hecho un urgente llamado a las autoridades para que intervengan y brinden soluciones concretas a esta problemática que afecta los Derechos Humanos de los pobladores.

La unión entre los Consejos Comunitarios de Magüí Payan- Nariño, Manos Amigas del Patía Grande, La Voz de Los Negros, Unión Patía Viejo y La Amistad ha sido fundamental para solicitar apoyo a las entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. En un comunicado conjunto, han expresado la urgencia de la intervención del gobierno municipal, departamental, y nacional ante la crisis que se vive desde el 29 de enero de 2024.

Cifras

Según cifras alarmantes, más de 50 veredas pertenecientes a los consejos comunitarios mencionados se han visto desplazadas, obligando a sus habitantes a buscar refugio en zonas urbanas por temor a poner en riesgo sus vidas. El Consejo Comunitario Manos Amigas reporta el desplazamiento masivo de 17 veredas, mientras que una se encuentra en alerta máxima.

Desde el territorio, se denuncia que la situación no ha mostrado signos de mejora, sino que más bien ha empeorado, dejando a cientos de familias en condiciones precarias y forzándolas a abandonar sus hogares en busca de seguridad.

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El alcalde de Magüí Payan, Diego Caicedo, ha manifestado su preocupación por la insostenible situación que enfrenta el territorio debido a la magnitud del desplazamiento.

Asistencia

Ante la falta de atención y apoyo, las comunidades afectadas han declarado el estado de calamidad pública y solicitan con urgencia asistencia para garantizar la alimentación y el bienestar de las familias desplazadas.

El llamado es a establecer una ruta de atención oportuna en colaboración con la Administración local y los consejos comunitarios para prevenir y mitigar el desplazamiento de otras comunidades que se encuentran en alerta máxima.

Ante esta emergencia humanitaria, es urgente que las autoridades respondan con prontitud y brinden el apoyo necesario para proteger los Derechos Humanos de las comunidades afectadas y trabajar en la construcción de una paz duradera en la región.