Esta iniciativa busca mejorar la asignación de subsidios y la equidad en el pago de servicios públicos, pero podría significar la pérdida de importantes beneficios para muchos hogares pertenecientes a estratos 1, 2 y 3.
Se estima que alrededor del 60% de los hogares en estos estratos cuentan con ingresos adecuados y no se encuentran en situación de pobreza. Sin embargo, actualmente, reciben subsidios que podrían estar siendo destinados de manera inadecuada, según señalan las autoridades gubernamentales.
Según lo explicado por Horacio Coral, director de Desarrollo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), esta propuesta busca reemplazar el sistema actual, que se basa en la estratificación tradicional, con un nuevo enfoque centrado en el Registro Universal de Ingresos (RUI). Este registro, que contendrá entre 55 y 57 millones de hogares, se utilizará como el único instrumento de focalización del gasto público social.
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El objetivo principal de este cambio es dirigir los subsidios hacia aquellos hogares que realmente los necesitan, identificados a través del RUI. Esto implica que los subsidios ya no se asignarían automáticamente según el estrato socioeconómico, sino que se basarían en la información detallada sobre los ingresos y las condiciones de vida de cada hogar.
Este cambio significaría una redistribución significativa de los recursos, con un enfoque más preciso en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, también podría implicar un aumento en las tarifas de servicios públicos para los hogares de estratos más altos, quienes actualmente subsidian a los estratos bajos.
El plan piloto para implementar estas reformas se espera que comience en el segundo semestre de 2024, con la selección de algunas localidades en Bogotá. Durante este periodo, se evaluará la viabilidad y efectividad del nuevo sistema de asignación de subsidios basado en el Registro Único de Ingresos, así como otras propuestas para reformar los métodos de cobro de servicios públicos en el país.