La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Justicia y Seguridad, está intensificando sus esfuerzos para llevar a cabo la reubicación de los Centros de Detención Transitoria en la capital de Nariño.
Este movimiento responde a acciones judiciales que requieren la reubicación de estos centros, y actualmente se están buscando inmuebles en arrendamiento que cumplan con las especificaciones necesarias para albergar a los reclusos.
El subsecretario de Justicia y Seguridad, Giovanny Guerrero, indicó que se están explorando opciones de inmuebles que puedan acomodar a un mínimo de 400 personas y que puedan ser de uno o dos pisos, ubicados en cualquier zona de la ciudad.
Directrices
Esta búsqueda se enmarca dentro de las directrices de la sentencia 122 del 2022, que obliga a la implementación de estos centros de detención, también conocidos como carceletas.
Según lo explicado por el funcionario, el proceso de reubicación debe llevarse a cabo conforme a la reglamentación legal, garantizando las condiciones necesarias tanto para la comunidad como para los reclusos.
En este sentido, desde el gobierno municipal se invita a personas e inmobiliarias interesadas a participar en el proceso de convocatoria, con el fin de que los asesores jurídicos evalúen la información y realicen las visitas correspondientes a los inmuebles ofertados.
Ofertas
«Con base en las ofertas que nos hagan, el equipo jurídico de la Administración municipal hará las visitas correspondientes para verificar si los inmuebles cumplen con los requisitos técnicos que así lo exigen», argumentó Guerrero.
Las autoridades municipales están implementando acciones que han sido objeto de estudios previos, teniendo en cuenta las solicitudes de la comunidad para garantizar una adecuada convivencia. Sin embargo, el alcalde Nicolás Toro, señaló que aún no se ha definido el lugar ni el sector de la ciudad para el proceso de traslado, una aclaración necesaria para informar a los habitantes sobre los avances en el proyecto.
El objetivo principal es asegurar los derechos de los residentes y las personas privadas de la libertad, realizando un análisis cuidadoso para determinar la opción más pertinente y adecuada. Se enfatiza en que la reubicación se llevará a cabo de acuerdo con lo que dicta la ley, cumpliendo con las garantías necesarias para todos los involucrados.