“Al hacerse público tal montaje, disfrazado de diálogos regionales, el proceso entra en abierta crisis y nos vemos en la obligación de llamar a consultas a nuestra delegación”, así califica el Ejército de Liberación Nacional la intención del gobernador de Nariño de iniciar unos diálogos de paz regionales desconociendo lo pactado con el gobierno nacional.
Un «montaje» que debe preocuparnos por cuanto nos alerta sobre las políticas erradas de un gobernador que en su afán de protagonismo se extralimita en sus funciones poniendo en riesgo y peligro los avances de unos diálogos nacionales de paz. Informan distintos medios periodísticos que «El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que congelará diálogos de paz con el Gobierno Nacional por supuestas violaciones de lo pactado, luego de que el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar convocara en medio de un encuentro con comunidades, unos diálogos regionales en el departamento”.
Diálogos que no cuentan con la respectiva autorización o visto bueno del gobierno nacional y mucho menos de los voceros autorizados de los grupos en conflicto. Se presenta entonces el desconocimiento de un orden jurídico y de unas jerarquías institucionales que cuentan con el aval para adelantar y concertar unos verdaderos diálogos de paz.
Se desconoce un bloque constitucional que permite refrendar acuerdos cuando las circunstancias lo ameriten. Lo actuado y anunciado por el gobernador de Nariño es un verdadero esperpento que deja al descubierto la irresponsabilidad de un mandatario al poner en jaque al gobierno nacional en materia de paz.
En un intento desesperado por mantener las mesas de concertación y negociación e impedir un derramamiento de sangre y la exacerbación del conflicto armado la delegación de paz del gobierno nacional trata de frenar la suspensión del diálogo mediante unos pronunciamientos que convocan a la sensatez y a la continuidad de acuerdos «En el comunicado de anoche, la delegación de paz del Gobierno le respondió al ELN advirtiendo que es su responsabilidad cada una de las consecuencias violentas que pueda tener la eventual suspensión de los diálogos, pero, además, le dice, palabras más, palabras menos a esa guerrilla, que ellos son los responsables de mantener la unidad de mando y que el Ejecutivo no está promoviendo mesas regionales alternativas».
Y si «el ejecutivo no está promoviendo mesas regionales» mal hace un mandatario en tomarse tales atribuciones. Un hecho que puede generar un malestar tan grande que los síntomas se verificarían en combates, enfrentamientos y muerte de integrantes de la fuerza pública colombiana y de población civil de las poblaciones del departamento de Nariño.
La opinión pública, los medios de comunicación y los verdaderamente involucrados en el conflicto y en el real anhelo de construir la paz, instan al gobierno nacional a aclarar estos hechos que contradicen los anuncios de unos diálogos nacionales de paz: «Sin embargo, vale la pena que el Gobierno explique con total claridad si hoy están autorizados alcaldes y gobernadores para adelantar negociaciones de paz con las condiciones que ellos consideren adecuadas, que puedan llevar eventualmente a la desmovilización de esas estructuras, situación por ahora sin antecedentes en Colombia». No es un simple error o equivocación de un mandatario Seccional, es la expresión del desconocimiento de todo un orden jurídico que pone en entredicho, una vez más, las capacidades administrativas de un mandatario regional. Lástima que sea el gobernador de Nariño, una región sumida en permanentes conflictos y escenario continuo de desplazamientos y muertes de civiles y miembros de la fuerza pública.
No se puede poner en riesgo de manera tan irresponsable unos diálogos de paz que tanto nos han costado y que han requerido de grandes y permanentes sacrificios. Actuar así es estar de espaldas a la paz por el simple prurito de figurar en los anales de la historia.