América Latina, y en particular Colombia, enfrenta en 2024 desafíos monumentales en materia de seguridad, según revela el Índice de Riesgo Político América Latina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, persistentes y crecientes, amenazan la estabilidad y la paz en la región, siendo Ecuador un ejemplo impactante de cómo un país puede sumergirse rápidamente en una crisis de violencia extrema.
El informe destaca un aumento significativo en los riesgos asociados con la corrupción e impunidad, sugiriendo que estos males sistémicos están minando las bases de la institucionalidad en la región. Es un llamado urgente a la acción, y en el caso de Colombia, es imperativo que el gobierno nacional y los nuevos líderes electos asuman la responsabilidad de abordar esta problemática que afecta a todos los colombianos.
La situación en Ecuador, donde los homicidios se han disparado alarmantemente, debería servir como una advertencia seria para Colombia. La inseguridad y el crimen organizado están directamente vinculados, siendo este último responsable de aproximadamente la mitad de los homicidios en América Latina. Es crucial que Colombia tome medidas preventivas y correctivas para evitar que la violencia alcance niveles incontrolables.
El narcotráfico, señalado como uno de los principales problemas, demanda una atención especial. Colombia, como productor significativo de cocaína, enfrenta el reto de no solo controlar la producción interna, sino también de abordar el papel del país como ruta de tránsito. La cooperación internacional y estrategias integrales son esenciales para contrarrestar este fenómeno que ha ramificado sus tentáculos por toda la región.
El nuevo gobierno y los líderes electos tienen la responsabilidad de liderar iniciativas efectivas que aborden la corrupción y fortalezcan las instituciones. La falta de institucionalidad es un caldo de cultivo para la impunidad, un cáncer que socava la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y alimenta el ciclo de violencia.
En este contexto, la sociedad colombiana también desempeña un papel vital. La ciudadanía debe demandar transparencia, rendición de cuentas y participar activamente en el proceso democrático. La seguridad no es solo responsabilidad del gobierno, sino de toda la sociedad.
En conclusión, la inseguridad en Colombia no es solo un problema estadístico; es una realidad que afecta la vida de cada ciudadano. El gobierno nacional y los nuevos líderes deben abordar este desafío con determinación y acción, implementando estrategias integrales que fortalezcan las instituciones y promuevan un ambiente seguro para todos. La seguridad no puede ser comprometida, y es deber de todos contribuir a construir un país más seguro y justo.