Todas las entidades estatales, por definición, deben ser diseñadas de manera que actúen con imparcialidad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, pero de manera especial aquellas que administran justicia y, dentro de éstas, la justicia electoral, es decir, la justicia con la cual de manera más directa se efectiviza la democracia.
Lo digo en razón a que los miembros del Consejo Nacional Electoral, institución que regula, inspecciona, vigila y controla la actividad electoral, son postulados por los partidos políticos y elegidos por el Congreso y, en esas circunstancias no es fácil que actúen con la imparcialidad requerida.
Por ello, es apenas natural que hayan quedado muchas dudas sobre la imparcialidad del organismo en las decisiones a través de las cuales en las elecciones que acaban de pasar, hubo candidatos a quienes no se les permitió por el Consejo participar finalmente como tales y sobre los que también finalmente fueron avalados por él.
Se impone entonces una reforma constitucional para que se corrija este yerro, uno de los tantos en que se incurrió en 1991, la cual, cuando se de, pues debido a muchas circunstancias políticas y particularmente de esta época, no será pronto, deberá aprovecharse también para dar a la organización electoral, como a los organismos de control -procuraduría y contraloría- el carácter de ramas del poder, a efecto de combatir el desequilibrio de las actuales: legislativa, ejecutiva y judicial y por muchas más razones con los organismos actuales de control y electoral.
Si este paso importante se llegara a dar algún día, el Estado sería mucho más eficiente y eficaz, pues además debería establecerse un comité coordinador general del Estado. En la actualidad quien ejerce esta función es el presidente de la República, al tener el carácter de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, ser el responsable del mantenimiento del orden público en todo el territorio y ejercer funciones en relación con las ramas legislativa y judicial.
Pero las atribuciones que tiene el Gobierno en relación con las otras dos ramas son muy parciales, además de generar muchos desequilibrios en el ejercicio del poder y al crear las dos nuevas ramas, además de superar la vieja tridivisión del poder, de la cual se habla desde Aristóteles, que es ya obsoleta e incompleta, haría que hubiera un ente que sin burocracia adicional se encargara de que existiera un escenario en el cual, respetando la separación de funciones, quedaran las cabezas de las ramas integradas y obligadas a escucharse y a coordinar la acción estatal general en conjunto y no de manera aislada, fragmentada y esporádica como se hace en la actualidad.
Ello también le restaría poder al presidente de la República, hecho absolutamente indispensable, pues además es necesario hacer el tránsito a un régimen parlamentario, o siquiera semi- parlamentario.
Al respecto es pertinente recordar a Maurice Duverger, quien afirma que el régimen presidencial existente en América Latina está hipertrofiado y que lo que existe es un presidencialismo que en Colombia causa mucho daño y detiene el desarrollo, sobre todo cuando aparecen líderes mesiánicos que no proyectan y ejecutan soluciones de fondo, sino que polarizan y dividen.
@ricaurtelosada