La desaparición forzada se ha tipificado como un crimen de lesa humanidad. “Es un delito sin cadáver, sin pruebas y sin duelo. La familia sospecha que su ser querido ha sido asesinado, pero solo puede hacer el duelo en los escasos casos en los que las autoridades encuentran los restos, los identifican y los entregan”.
Por lo general la desaparición forzada caracteriza a las dictaduras o Estados totalitarios. Por ejemplo, y para no ir muy lejos del vecindario, países como Argentina, Chile, Paraguay, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, entre otros, en los años setenta y ochenta del siglo anterior, fueron escenarios de ese atroz delito.
Lastimosamente, Colombia no es la excepción en cuanto a desapariciones forzadas se refiere, no obstante decirse que aquí se tiene la democracia más antigua de América Latina.
No olvidemos que la violencia que se ha vivido y vive el país en sus diferentes modalidades y con distintos actores, ha hecho que la desaparición forzada se haya dirigido contra campesinos, obreros, sindicalistas, estudiantes, integrantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas, entre otras personas, que levantaron su voz de protesta e inconformismo para luchar por una vida acorde con la dignidad del ser humano.
Aunque algunos alardeen que el país atraviesa por un proceso de posconflicto que permitirá que exista verdad, justicia y reparación, lo cierto es que “miles de familias colombianas se levantan cada día sufriendo la ausencia de sus seres queridos y la incertidumbre que produce la falta de noticias o de evidencias que den cuenta de qué sucedió con ellos. Los familiares y allegados de las personas desaparecidas viven sumidos en un dolor que no da tregua y no se alivia, que les mantiene condenados a una espera prolongada e impide que sus vidas transiten tranquilamente”.
Según se señala en un informe del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, a la fecha se tiene un registro doloroso de cerca 83 mil familias colombianas que sufren la ausencia de sus seres queridos y la incertidumbre que produce la falta de noticias o de evidencias que den cuenta de que sucedió con sus familiares, ¿quién se los llevó?, ¿por qué se los llevaron?, ¿por qué tanta indolencia?
En el citado informe se revela que los mayores responsables del crimen de las desapariciones forzadas, en su orden son los paramilitares, las guerrillas, los grupos posdesmovilización, agentes del Estado y movimientos armados no identificados.
Y lo triste de todo es que ante ese desolador panorama, en donde está de por medio el drama por la que atraviesan muchas personas, en donde “hay casos de madres y abuelas que murieron con la mesa puesta esperando un comensal que nunca regresó”, el Estado ha respondido a las víctimas con inmensa indolencia e impunidad.
Es así como muchas veces da rabia saber que la desaparición no es sino el comienzo, en razón a que el circuito violento “continúa con la puesta en marcha de la búsqueda del ser querido y la denuncia, proceso en el que los familiares encuentran obstáculos mayúsculos por parte del aparato estatal para encontrar al familiar, obtener justicia y recibir atención especializada”.
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