La iniciativa del presidente Gustavo Petro de realizar un Acuerdo Nacional es importante, razón por la cual se debe generar en los colombianos la mayor conciencia posible sobre su necesidad, pues es lo natural que se tengan y se expresen diversos criterios y posiciones frente a la sociedad y al Estado, pero las grandes decisiones, salvo casos excepcionales de procesos revolucionarios que imponen las condiciones del triunfador, solo son posibles a través del diálogo y la concertación.
Entonces, me parece oportuno recordar que el máximo acuerdo de un pueblo se da cuando se crea el Estado y el segundo con la expedición de su Constitución Política. Fue por esta razón que en la columna anterior me ocupé de unos de los aspectos institucionales que deben enmendarse, en razón a que cuando las reformas constitucionales son de fondo, deben ubicarse en el tercer grupo más importante de los acuerdos nacionales, siendo por ello que también me referí a algunos ejemplos de los que debieran ser parte del Acuerdo Nacional.
Bajo ese marco, para intentar aterrizar el Acuerdo Nacional de ahora, que ojalá fuera uno de los que lograra el país, pues siempre antes de la Constitución que nos rige, las anteriores fueron producto generalmente del triunfo de un partido político sobre el otro.
En éste sentido la Constitución de 1991 constituyó un avance significativo en cuanto fue fruto del mayor consenso logrado en la historia de Colombia.
Pues bien, como todos los acuerdos, el que está propuesto, requiere la realización de un diagnóstico que debe ser compartido por todos los sectores posibles y no solo por los partidos y movimientos políticos, donde se fijen prioridades y donde haya compromiso de todos para hacerlo realidad, a través del cual el país pueda enrumbarse, ojalá algo así como por cincuenta o cien años adelante.
Éste debiera ser entonces el propósito cardinal, no solo del Gobierno, del Estado y de la sociedad en su conjunto, sino de todos los colombianos, pues se trataría de rediseñar el futuro para completar la obra transformadora de 1991 que quedó en buena parte inconclusa y con muchos hierros, equivocaciones y desaciertos que no se han corregido luego de treinta y dos años que, al contrario, se han agravado y que es indispensable enmendar para enrumbar mejor los destinos nacionales.
Ese gran acuerdo debiera plantearse cuanto antes en términos concretos y como no sería posible efectivizarlo a través del Congreso, bajo términos precisos de que no podría reformarse la Carta Política a través de Asamblea Constituyente para consagrar la reelección presidencial, en razón a que constitucionalmente solo puede modificarse éste aspecto a través de referendo o de Asamblea Constituyente de iniciativa popular, debieran darse pasos para que el próximo presidente o presidenta que sea elegido o elegida, lo sea bajo la condición inmodificable de la convocatoria a una asamblea constituyente en la cual se juridifique el Acuerdo Nacional.
Pero de no llevarse a cabo el Acuerdo Nacional, no puede descartarse la posibilidad de la Asamblea Constituyente, porque al fin y al cabo el acuerdo se concreta es en ella y, por ello, el tema de una próxima columna será ese.