En las últimas horas la JEP atribuyó responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a 15 exintegrantes de las Farc-EP, por hechos cometidos contra ‘Pueblos, Comunidades, Poblaciones y Territorios de Nariño’ en el Caso 02.
Las investigaciones por este caso se adelantaron en el territorio comprendido entre el pie de monte costero, municipio de Ricaurte y los municipios costeros de Barbacoas y Tumaco entre 1990 y 2016, tal y como lo establece el mandato de la Justicia Espacial para la Paz, producto de los acuerdos de La Habana.
“Esta decisión es el resultado de la materialización de la centralidad y participación de las víctimas y los enfoques diferenciales étnico racial, territorial y de género, mujer, familia y generación en el marco del proceso dialógico instruido por la Sala de Reconocimiento, en el que participaron víctimas individuales y colectivas, autoridades étnicas y el Ministerio Público, y al que fueron llamados a aportar verdad comparecientes de la extinta guerrilla de las Farc-EP y de la Fuerza Pública”, explicó la magistrada Belkis Izquierdo, quien coordinó el acto cumplido en el Puerto de Tumaco.
Permanentes ataques
Según el auto, la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia, Farc, perpetraron ataques sistemáticos a la población que habita en estos territorios, en su mayoría pertenecientes la comunidades indígenas y afrodescendientes, con el objetivo de mantener su poder y obligar a las poblaciones a ubicarse bajo su mando, pasando por encima los principios del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.
Al respecto se indicó que en desarrollo de esos ataques se produjeron muertos, heridos y desapariciones forzadas en lo que los moradores de las zonas mencionadas califican como una “época de terror”
Violaciones a menores
Además, de los asesinatos algunos de los cuales tuvieron características de atroces, (cuerpos destrozados y con señales de tortura, se le imputaron a los exguerrilleros de las Farc, otros delitos, como violaciones, abusos sexuales, de los que de acuerdo con la documentación recopilada, fueron víctimas numerosos menores de edad.
Así mismo, las acciones de violencia por parte de las Farc, dieron lugar a desplazamientos de las comunidades, confinamientos, reclutamiento forzado, ubicación de minas antipersona, por lo que la JEP calcula que toda esta clase de hechos en contra de la población civil, dejo por lo menos un saldo de 100 mil víctimas en este territorio de la costa Pacífica.
Habrá más implicados
De acuerdo con lo manifestado en las últimas horas por la JEP, este macrocaso involucrara en el transcurso de las próximas semanas a otros actores como el Estado y terceros vinculados al conflicto.
Al respecto, la magistrada Belkis Izquierdo, indicó que en estos momentos se están investigando “aquellos crímenes no amnistiables atribuibles a la Fuerza Pública, los cuales continúan en investigación y que serán objeto de una próxima decisión judicial.
Con relación a los terceros y agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública, cuyo sometimiento es voluntario, es necesario precisar que, pese a las labores de investigaciones realizadas por la Sala, a la fecha no se tienen personas sometidas ante la JEP en este macrocaso, por lo que algunas de las personas identificadas en los informes fueron vinculadas en su calidad de testigos en este proceso judicial.
Crímenes de guerra
La JEP emitió el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas en el marco del Caso02, que priorizó la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) entre 1990 y 2016.
En éste se atribuye responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 exintegrantes de las Farc-EP, por hechos cometidos contra Pueblos, Comunidades, Poblaciones y Territorios, de Nariño, en el marco del Caso02.
La magistrada Belkis Izquierdo, relatora de dicho caso aseguró que se halló como máximos responsables a 15 comparecientes de las columnas móviles Daniel Aldana, Mariscal Sucre y del Frente 29 de las Farc por los delitos de violencia sexual, masacres, desapariciones forzadas, confinamientos y, reclutamiento y utilización de niñas y niños, violaciones, esclavitud sexual y destrucción del Territorio y la Naturaleza.
La JEP determinó que, en la implementación de la política de control social y territorial, en los municipios priorizados, se ejecutaron 6 patrones criminales que generaron daños graves, diferenciados y desproporcionados contra sus habitantes y el Territorio.
Principales afectados
Los afectados por estas conductas fueron principalmente Pueblos Indígena, el Pueblo Negro Afrocolombiano, comunidades campesinas, poblaciones urbanas y rurales, mujeres y niñas, personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas, la Naturaleza y los Territorios ancestrales y colectivos.
En los municipios priorizados, el 90% del total de la población se reconoce como parte de algún Pueblo Étnico y el 78.6% del territorio es ancestral y colectivo. Este territorio se caracteriza por la diversidad y riqueza cultural, étnica, lingüística, de género y socioecológica.
En este contexto se destaca que, pese a los ataques de los actores armados contra las poblaciones urbanas y rurales, ellas han construido, mantenido y fortalecido sus procesos organizativos y comunitarios para resistir y afrontar las dinámicas de la guerra.
En el desarrollo de esta política de control territorial y social se ejecutaron múltiples crímenes no amnistiables contra la población civil. La Sala de Reconocimiento determinó la existencia de 6 patrones macrocriminales.
Los imputados
Los imputados por estos delitos fueron: “Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido como ‘Pablo Catatumbo’, Édgar López Gómez, conocido como ‘Pacho Chino’, Luis Eduardo Carvajal Pérez, conocido como ‘Rambo o Gustavo’, Hedier Espinosa Feria, conocido como ‘Cachorro’, Groelfi Rodríguez Moreno, conocido como ‘Ramiro Cortés’, Wilfrido Ávila Fuentes, conocido como ‘Mondanga’, Rubiel Torres Mondragón, conocido como ‘Tachuela’.
También, Arlez Porras Gómez, conocido como ‘Yesid Guevara’, Fabio Murcia Camacho, conocido como ‘Vitamina’, Jair Enrique Acosta Cuantindioy, conocido como ‘Javier Guzmán’, Ricardo Palomino Ducuara, conocido como ‘Jairo Perdomo o Chiqui’, Alberto López Palomino, conocido como ‘William Santamaría’, José Geidin Castro Chillambo, conocido como ‘El Doctor’, Diego Alberto González Castillo, conocido como ‘El Pollo’ y Juan Carlos Caicedo Ramos, conocido como ‘El Gordo’, expresó la magistrada Izquierdo.
Estas personas integraron la Columna Móvil Mariscal Sucre, la Columna Móvil Daniel Aldana y el Frente 29 del Bloque Occidental Alfonso Cano de las extintas Far-EP, que delinquieron en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, Nariño.
Entre los imputados se destacan Pablo Catatumbo Torres Victoria, ‘Pablo Catatumbo’, y Edgar López Gómez, ‘Pacho Chino’, el primero en su calidad de comandante del Comando Conjunto de Occidente y el segundo en su calidad de coordinador del Comando Conjunto de Occidente y comandante del Frente 29, así como a otros comandantes de las unidades investigadas.
La determinación tomada en las últimas horas por la JEP fue considerada como histórica, siendo de anotar que en los años que comprendió la investigación, Tumaco y diferentes zonas de la costa Pacífica de Nariño, fue escenario de toda clase de hechos de violencia, especialmente en detrimento de la población civil.
En ese sentido, es de destacar que los testimonios recopilados por la JEP en torno a los numerosos episodios de violación de los derechos humanos que se registraron durante el domino de las Farc, en vastas zonas de la costa Pacífica nariñense, “son desgarradores”, según palabras de los investigadores.