La Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá –Camawari- comunicó a la opinión pública nacional e internacional, la difícil situación de Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario que se vive en la costa de Nariño, especialmente en Ricaurte por actores armados ilegales que desarmonizan la tranquilidad de los habitantes; se han reportado 1.328 familias desplazadas y aproximadamente 4.000 confinadas.
El consejero de los Derechos Humanos de la organización Camawari, Diego Armando Guanga, señaló, “el 15 de junio del 2023, siendo las 5:40 a.m. se presentó un enfrentamiento entre grupos armados ilegales en el Resguardo de Palmar Imbí, cerca de la vía que de Pasto conduce a Tumaco, en el municipio de Ricarte, situación que genero zozobra y miedo en nuestras comunidades”.
El resguardo de Palmar Imbí cuenta con una población aproximada de 630 indígenas awá, quienes estaban alistándose para las labores diarias en sus fincas y escucharon las ráfagas de disparo en el resguardo, así mismo se presentó la explosión de un artefacto dentro de la comunidad. Desde el día 14 de junio del año 2023 la docente del centro educativo Imbi, no ha logrado salir de esta comunidad.
Graves hechos
Esto se suma a los graves hechos que se vienen presentando desde el mes de abril con los atentados contra líderes y hostigamiento de estos grupos armados ilegales en los resguardos de Pialapi Pueblo Viejo, Ramos Mongón y Palmar Imbi. El confinamiento y desplazamiento de varias comunidades de los resguardos de la Milagrosa Cuaiquer Viejo, Cuascuabi Paldubi, Vegas Chagüí Chimbuza y Magüí, lo que han causado que 1.382 familias tengan que salir de su territorio, sin ningún acompañamiento hasta el momento por parte de la institucionalidad, según lo señalado por el consejero.
“Igualmente, se presenta el confinamiento de 4.000 personas aproximadamente en los resguardos la Milagrosa Cuaiquer Viejo, Cuascuabi Paldubi, Vegas Chagüí Chimbuza y Magüí. El Resguardo de Chagüi Chimbuza denuncia la presencia de minas antipersonales que están afectado la movilidad de la comunidad, como lo ocurrido con el artefacto explosivo ubicado en una de las tarabitas, que es utilizada por nuestros comuneros para trasportar a los niños, niñas y a la comunidad de un punto a otro, además del control que vienen ejerciendo estos grupos armados en varios sitios de tránsito de las comunidades”.
Hacen llamado
“Si bien esta situación ocurre desde el mes de abril, el Gobierno Departamental en cabeza del señor Gobernador John Rojas, no ha atendido nuestro llamado, ni las demás entidades de orden regional (…), Por lo cual instamos al Gobierno Nacional, al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Marquez, al Ministro de Defensa, al Ministro del Interior, al Alto comisionado para la Paz se avance con celeridad los acuerdos de Paz en nuestros territorios”.
“Llamamos a la directora Nacional de la Unidad para las víctimas, al ICBF, a la UNP, y demás entidades del Snariv de orden nacional y territorial hacer presencia en nuestros territorios, a la plena atención de nuestras familias en situación de riesgo y amenaza por estos actores armados”, indicaron a través de un comunicado de prensa.