Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
Todo cuanto se pretende hacer y se hace por encontrar soluciones a problemas que en cierta medida obstaculizan el progreso de los pueblos, es, sin lugar a dudas, una de las mayores virtudes que puede tener quien o quienes de alguna manera son escogidos como gobernantes dentro de un sistema de gobierno.
Colombia, es un país en donde sus habitantes a lo largo y ancho de su territorio guardan la ferviente esperanza de que quizás algún día los principios en que se fundamenta la democracia, se conviertan en una auténtica y efectiva realidad para que todos los esfuerzos y sacrificios que hacen los colombianos se vean retribuidos en unas mejores condiciones de vida.
Sabemos muy bien que la ejecución de obras cuestan dinero, así estas vayan en beneficio personal o de una colectividad. De allí que, cuando el común de las gentes aporta una parte de sus recursos bajo el convencimiento que serán reinvertidas en conjurar las más apremiantes necesidades, se pone siempre a la expectativa de lo que pueda suceder con la utilización de aquellos dineros que se entrega a manera de impuestos.
En regiones como Nariño, sometida al marginamiento y olvido de las grandes políticas de desarrollo que se trazan a nivel central, con justificada razón nos preguntamos por qué no se nos tiene en cuenta si también hay aportes hacia el Estado? ¿Por qué nuestros gobernantes tienen que deambular como pordioseros de un lado a otro en busca de dinero que nos pertenece?
Todos tenemos conocimiento hasta la saciedad que el Estado consigue dinero del contribuyente. Fuera de él nadie más le da dinero. El Estado como tal no tiene nada y no gana nada. Si al Estado no ingresan suficientes impuestos para cubrir sus gastos, entonces se endeuda. Es decir, se compromete a reunir ese dinero a través de los impuestos de años posteriores.
Sin embargo, frente a las grandes políticas económicas de inversión que le corresponden ejecutar al gobierno central, Nariño pareciera que no existe. Así de simple. Sólo se le entrega del presupuesto general de la Nación unos recursos económicos que muy poco o nada sirven para conjurar las más apremiantes necesidades de sus habitantes. Y nadie dice nada al respecto y los que de pronto se atreven a reclamar el por qué de esa discriminación son vistos como personas que pretenden la desestabilización del régimen mediante lo que ahora llaman un “golpe de Estado blando”.
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Bajo tales consideraciones, en el caso específico del departamento y municipios de Nariño, sus gobernantes muchas veces prefieren agachar sus cabezas y aceptar todo cuanto se les ordena y se les dice desde las altas esferas del poder por temor a cualquier represalia de que pueden ser objeto, mientras que el pueblo es en últimas el que paga las consecuencias, porque no hay quién o quiénes de verdad hagan valer sus derechos de poder gozar de una auténtica justicia social, con equidad y en paz.
Ahora, de todos modos esperemos que lo que se ha dicho que está contemplado para Nariño en el “Plan Nacional de Desarrollo: Potencia de Vida”, se cumpla y se haga realidad y que no vaya a ser simple letra muerta, tal y como ha sucedido en otras oportunidades.