De acuerdo con el cuarto informe sobre Grupos Significativos de Ciudadanos, la presidenta de la Misión de Observación Electoral MOE, Alejandra Barrios, informó que, 1.311 comités se han inscrito para hacer parte del proceso de recolección de apoyos y avalar una candidatura por fuera de los 34 partidos políticos que ya cuentan con personería jurídica.
En lo que tiene que ver con el departamento de Nariño, los candidatos más representativos respaldados por los GSC son Claudia Inés Cabrera de Nariño Renace, en tanto que para la Alcaldía de Pasto aspiran por firmas Nilsa Rocío Villota Rosero de la Red Ciudadana por Pasto y Mario Enríquez Chenas de Vamos Pasto Vamos y en Ipiales, José Amilcar Pantoja de Sí por Ipiales.
En otros departamentos como, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Meta, Magdalena y Huila se concentra el 54,5% del total de Grupos Inscritos hasta este momento.
Con 8 grupos inscritos, el Valle del Cauca es el departamento con más grupos inscritos para avalar candidatos a la gobernación del departamento. Por su parte el departamento de Antioquia reporta 7 grupos inscritos y los departamentos de San Andrés y Magdalena, cuentan con 6 grupos inscritos para recolectar apoyos para las gobernaciones.
Para el caso de Bogotá, 14 grupos se han registrado para recolectar apoyos para la alcaldía distrital, 4 para el concejo Distrital y 4 para las Juntas Administradoras Locales.
Financiación
En cuanto a la financiación de estas precandidaturas, la MOE señala que, de los Grupos Significativos de Ciudadano registrados, no se ha reportado información de ingresos y gastos en el portal Cuentas Claras, por lo que hasta ahora se desconoce cuánto se ha invertido en la promoción de las precandidaturas, cuál es el origen y a qué se están destinando estos recursos.
Ante esto, la MOE recomienda al Consejo Nacional Electoral publicar en el portal Cuentas Claras, dos bases de datos que contengan la información de ingresos y gastos de todos los Grupos Significativos de Ciudadanos con el fin de brindar garantías al derecho de acceso a la información pública.