Por: Carlos Santa María
El miércoles de madrugada sorprendió al pueblo hermano del Ecuador la alocución del presidente Guillermo Lasso manifestando que decidió disolver la Asamblea Nacional, pidiendo al Consejo Nacional Electoral convocar a nuevas elecciones parlamentaria y presidencial máximo en 90 días a partir del llamado.
Esta “Muerte cruzada”, constitucionalmente vigente, fue justificada por el mandatario debido a la existencia de una crisis política y estado de conmoción interior. Las Fuerzas Armadas se presentaron públicamente apoyando esta medida como legal y que contribuirían al orden necesario.
Asimismo, el escenario que auguró fue que en los meses de mandato que le quedaban se volcaría en favor de las reformas que el pueblo necesitara y que esta situación se debía a los intereses políticos de camarillas que no deseaban el progreso nacional.
«Si la corte constitucional no avala la decisión de Lasso viene un proceso álgido; si es avalada, habrá campañas para alcanzar asamblea y presidencia de la república, cuya confluencia de oposición garantizaría un mandato popular».
Por su parte, la crítica de la oposición se centró en el proceso de acusación que se llevaba por malversación de fondos públicos y que ese día continuaba con la tendencia a la destitución de Lasso. La medida fue vista como desesperada para impedir la salida ya que el día anterior, donde se defendió de la acusación, podía haberlo hecho claramente.
Por otra parte, el ex presidente Rafael Correa tildó la acción de ilegal ya que no existía una crisis política sino una justicia que seguía un procedimiento legítimo; junto a ello cuestionó que era infundado que hubiese un estado de conmoción anterior. Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) es un «autogolpe de Estado encubierto».
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Para diversos analistas, el débil apoyo presidencial se debía a las ganancias enormes de la banca, una violencia imparable e inseguridad altísima. Unido a la inflación y los precios desbordados, junto al incumplimiento con las comunidades indígenas, todo conducía a su remoción en el juicio político.
Si la Corte Constitucional no avala la decisión de Lasso viene un proceso álgido; si es avalada, habrá campañas para alcanzar Asamblea y presidencia de la República, cuya confluencia de oposición garantizaría un mandato popular.
¡Qué no existan sobresaltos a la paz irrenunciable!