Según el Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR, el suroccidente es una de las regiones del país donde más se agravó la situación humanitaria de las comunidades, por ello ve con preocupación que Nariño, Cauca y Valle del Cauca están entre los siete departamentos más afectados por los conflictos armados en 2022 y que la violencia contra la población civil se ha agudizado.
En estos tres departamentos, según cifras oficiales, se concentró el 63% de los eventos de desplazamiento masivo ocurridos en 2022, lo que afectó al menos a 36.000 personas. Nariño fue el departamento con mayor afectación. Allí se registró, en promedio, cada siete días un evento de desplazamiento masivo.
Con respecto a las personas confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos, Nariño y Valle del Cauca ocuparon el segundo y tercer lugar a nivel nacional, con 5.317 y 4.028 personas confinadas, respectivamente. Además, los casos de desaparición de personas siguieron ocurriendo. En 2022, el CICR documentó 26 casos de desapariciones en Cauca y 25 en Nariño.
El uso y la presencia de los artefactos explosivos también aumentaron considerablemente el año pasado. Cauca fue el departamento con mayor número de víctimas directas de artefactos explosivos en todo el país, con 125 víctimas, y Nariño ocupó el tercer lugar con 46 víctimas.
Necesidad
“Insistimos a todos los actores armados en la necesidad de respetar a la población civil dejándola por fuera de las hostilidades. Como guardianes del derecho internacional humanitario (DIH) es nuestro mandato sensibilizarlos sobre estas consecuencias y recordarles su obligación de respetar el DIH y otras normas humanitarias. Como lo hacemos desde hace más de 50 años en Colombia, seguiremos trabajando de la mano de las comunidades y las personas afectadas”, señaló el jefe de la oficina del CICR en Pasto, Michele Arisi.
Por su parte el jefe de la Delegación del CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi, indicó “los indicadores de las múltiples consecuencias humanitarias muestran que la población civil sigue sufriendo los peores efectos de los conflictos armados y la violencia. El año pasado fuimos testigos de la dura realidad que tuvieron que vivir las comunidades de varias regiones del país, poblaciones enteras que no pudieron cazar, pescar o sembrar sus cultivos por el aumento de la confrontación armada y la presencia de artefactos explosivos en sus territorios. Familias que experimentaron incertidumbre y angustia por no saber el paradero de sus seres queridos, y personas que perdieron la vida o que sobrevivieron con secuelas físicas y psicológicas que permanecerán por largo tiempo”.