En las últimas horas el líder social del Departamento de Nariño, Marcos López, se convirtió en el número quince asesinado en lo que va corrido de este 2023 en el país.
Se trata de un hecho terrible, que nos duele sobremanera, puesto que de nuevo pone de manifiesto que nuestra región sigue ocupando el primer lugar en lo que tiene que ver con las muertes violentas de los líderes, lideresas y defensores de los Derechos Humanos en el país.
En ese sentido, nosotros interpretamos este nuevo asesinato como una triste y dolorosa campanada de alerta, ante la serie de atentados criminales contra estas personas, por lo que el llamado es a los gobiernos nacional y departamental, para que hagan acto de presencia y sobretodo desplieguen acciones con la intervención de la Fuerza Pública y demás autoridades, tendientes a proteger a unas personas que como los líderes y lideresas, en nuestro medio se encuentran bajo permanente amenaza por parte de las organizaciones criminales.
Consideramos que el señor Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asis, tiene toda la razón, con la emisión de las llamadas alertas tempranas, en torno a esta serie de asesinatos. Sobre el particular, nosotros consideramos que es el momento para que por instrucciones del Gobierno Nacional se desplieguen operativos especiales de protección, sí tenemos en cuenta que ya estamos viviendo un proceso electoral, de cara a los comicios territoriales, en desarrollo de los cuales, el 29 de octubre de este año, vamos a elegir a nuestros próximos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales e integrantes de las juntas administradoras locales, JAL.
«El panorama que se vislumbra en nuestra costa Pacífica, de cara a las próximas elecciones, no es nada halagüeño y por el contrario, muy peligroso para nuestros líderes, por lo que es de carácter urgente, la presencia de la Fuerza Pública, en los territorios amenazados».
En nuestro concepto se trata de unas acciones por parte de las autoridades que deben tener su epicentro en la costa Pacífica nariñense, puesto que es de público conocimiento que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Eln, las disidencias de las Farc y las bandas criminales, suelen aprovechar estas elecciones para amenazar e intimidar, en los municipios costeros, donde además son promotores de toda clase de delitos electorales, como lo son, la trashumancia electoral, la compra y venta de votos, además de la intimidación al elector.
En ese sentido, es motivo para nosotros, de gran inquietud, el que, de acuerdo con los informes oficiales conocidos en las últimas horas, en nuestra costa Pacífica de Nariño, cerca de 100 líderes sociales, -a pesar de la grave situación por la que atraviesan, se encuentran en grave riesgo. Esto se debe a que, a pesar de las amenazas recibidas, no cuentan con los esquemas de seguridad, de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
Al respecto, es de anotar que como bien lo dice una vieja expresión popular, la cuerda se rompe por lo más delgado y es el caso de la mencionada unidad, la cual afronta una serie de problemas de manejo y organización, los cuales en estos instantes van en detrimento de los líderes y lideresas nariñenses.
Al parecer, lo cual no es cosa nueva, los problemas de la Unidad Nacional de Protección UNP, se derivan de la falta de recursos económicos, situación que va contra la seguridad de las personas amenazadas-
No hay duda que nos estamos refiriendo a una situación de extrema gravedad, puesto que, de acuerdo con las informaciones provenientes de los municipios de la costa nariñense, líderes y lideresas, sociales están siendo citados por los grupos armados ilegales que operan en la región. Aquí, el problema delicado estriba, en que a quienes no atienden esas convocatorias de las Bacrim, esas organizaciones delincuenciales los califican como enemigos, con el consiguiente peligro mortal que conlleva ese calificativo.
Como se puede observar, el panorama que se vislumbra en nuestra costa Pacífica, de cara a las próximas elecciones, no es nada halagüeño y por el contrario, muy peligroso para nuestros líderes, por lo que es de carácter urgente, la presencia de la Fuerza Pública, en los territorios amenazados.