Por Ricaurte Losada Valderrama
En relación con la justicia que debe impartir el Estado como premisa esencial de convivencia y paz y, por lo tanto, de vida y desarrollo, las principales preocupaciones parten de su ya inaplazable reforma estructural e integral, no hecha desde el intento realizado en el Gobierno de Alfonzo López Michelsen, pues la efectuada a través de la Constitución de 1991 empeoró sus problemas, creando más organismos de justicia, pero con menos justicia.
Así, por ejemplo, nació el Consejo Superior de la Judicatura, gigantón burocrático difícil de desmontar que ha politizado más la justicia, como lo explico en mis libros, Los Errores del 91 y La Justicia al Servicio de la Política. Ahora quienes aspiran a ser elegidos magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, tienen que hacer dos campañas: una ante ese organismo para que los pase en la lista de elegibles y otra ante la corporación a la cual aspiran a pertenecer.
Como lo he expresado muchas veces, para la solución de fondo, hay que partir de quitarle las funciones electorales a las Cortes y al Consejo de Estado y darles juez real a sus magistrados para que los investigue y juzgue, pues en realidad, no lo tienen, en ningún sentido.
«Para la solución de fondo, hay que partir de quitarle las funciones electorales a las Cortes y al Consejo de Estado y darles juez real a sus magistrados para que los investigue y juzgue, pues en realidad, no lo tienen, en ningún sentido».
Sin embargo, temas como este y tantos otros estructurales y de fondo, no han sido si siquiera mencionados por el ministro de justicia, que solo anunció en los borradores del proyecto, unos cambios de forma al sistema judicial, proponiendo modificar el código penal, es decir, la Ley 599 de 2000, para establecer un sistema carcelario restaurativo que disminuya la cárcel, así como para además de la reclusión, implementar penas alternativas, pues hay un hacinamiento del 255 por ciento.
Dentro de esa política de ‘menos cárcel’, el ministro plantea que se refuerce la prisión domiciliaria, e incluso, que quienes han sido detenidos puedan afrontar sus procesos en libertad.
Frente a estas propuestas, es obvio que hayan surgido manifestaciones serias en su contra, como la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien manifestó con preocupación que solo en Bogotá, saldrían a la calle por lo menos a 6.000 detenidos que han sido condenados. “Pedimos justicia judicial y la exigimos”, afirmó, y quien llama a la movilización nacional contra la reforma. Agregó que no entiende por qué la política del Gobierno nacional es impunidad a los delincuentes.
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Me parece que estos cambios, dependiendo de como finalmente se aprueben, pueden resultar positivos, pero lo fundamental es que no se vayan a volver a aplazar las enmiendas estructurales e integrales que requiere la justicia y que parece ser que este Gobierno tampoco las haría, al no atreverse a tocarles los privilegios que tienen las dos cortes y el Consejo de Estado, y que hacen que desde la justicia se imparta injusticia y haya corrupción, aspectos a los cuales me he referidos en otras oportunidades.
De ahí que se pueda llegar finamente a otra de las tantas ocasiones en que se ha distraído al país, haciendo modificaciones necesarias, pero sin tocar el fondo de los problemas de nuestra justicia. En otras palabras, ojalá que en esta ocasión, el bosque deje ver los árboles.