Las protestas en Ecuador continúan pese al estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, tras un incidente en el que su caravana fue atacada mientras se dirigía a un evento en la provincia de Cañar. Aunque el gobierno lo calificó como un intento de asesinato, expertos descartaron la presencia de disparos, señalando que los daños en el vehículo presidencial se deben a piedras lanzadas por manifestantes. El hecho ocurrió en el marco de una ola de movilizaciones que ha dejado un muerto, decenas de heridos y numerosas detenciones en todo el país.
El principal detonante de las protestas fue la eliminación del subsidio al diésel, anunciada el 12 de septiembre, una medida que el gobierno considera necesaria para reducir el gasto público en unos US$1.100 millones anuales. Noboa afirmó que los fondos se destinarán a programas sociales y de apoyo a la producción nacional, pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros sectores argumentan que el aumento del precio del combustible —de US$1,80 a US$2,80 por galón— afectará principalmente a las comunidades más pobres, agricultores y transportistas.
Ante la convocatoria de paro nacional indefinido por parte de la Conaie, las protestas se expandieron rápidamente. Noboa respondió declarando el estado de excepción en siete provincias, que luego amplió a diez, suspendiendo el derecho a la libertad de reunión por 60 días. Durante los enfrentamientos, un comunero indígena, Efraín Fuerez, murió en la provincia de Imbabura, hecho que las autoridades aún investigan. El gobierno acusa a los manifestantes de actos violentos y de estar infiltrados por “grupos terroristas”, mientras la Conaie denuncia represión militar y policial.
Las tensiones aumentaron con denuncias de detenciones arbitrarias, violencia policial y uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. La Conaie afirma que entre los agredidos hay mujeres y ancianos, y acusa al Estado de criminalizar la protesta. En respuesta, el gobierno anunció que los detenidos durante los disturbios serán procesados por terrorismo e intento de asesinato, endureciendo su postura frente a las movilizaciones.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por la situación en Ecuador, advirtiendo sobre un deterioro en el respeto a los derechos humanos. Su directora para las Américas, Ana Piquer, denunció el uso de estrategias militarizadas para controlar las protestas y el hostigamiento judicial contra líderes sociales. Según la organización, las acciones del gobierno podrían estar encaminadas a silenciar la disidencia, colocando a Ecuador entre los países de la región que muestran un preocupante giro hacia prácticas autoritarias.
