Esta cifra corresponde a ocho sentencias emitidas entre 2022 y 2025, que han beneficiado a más de 3.211 familias en ese departamento. Se trata de víctimas de despojo, desplazamiento y de diversas afectaciones, quienes hoy tienen la oportunidad de reescribir su historia.
Así lo soporta el registro de la Dirección Territorial Cauca de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que a la fecha cuenta con un total de 11 fallos judiciales a favor de comunidades indígenas y afrodescendientes, de los cuales ocho se han emitido entre 2022 y lo que va de 2025.
Solo en los últimos seis meses se han proferido cinco sentencias, que representan un logro para los pueblos ancestrales y para la entidad, puesto que ha logrado aumentar su capacidad de respuesta institucional.
Entre las medidas adoptadas para alcanzar este hito se destacan el diálogo permanente con las comunidades, la ampliación del equipo de trabajo y la apertura de dos juzgados de Restitución de Tierras con enfoque étnico, en esfuerzo articulado entre la URT y el Consejo Superior de la Judicatura.
Las comunidades ancestrales beneficiadas durante los últimos tres años son los resguardos indígenas de Papallacta, Honduras, Nueva Bellavista y Partidero, Páez de Tóez y San Miguel de Infí, al igual que los consejos comunitarios Río San Francisco, Playón del Río Sigüí y Guapi Abajo.
Estos suman 3.211 familias que hoy armonizan su territorio mediante el retorno, la implementación de iniciativas de seguridad alimentaria y otras medidas de reparación integral.
Actualmente 19 casos étnicos se encuentran en etapa administrativa y 31 en etapa judicial, los cuales han sido priorizados en el marco del Plan de Acción Étnico 2025.
El propósito es realizar las diligencias que permitan el avance de los casos en la etapa judicial, teniendo como meta la sentencia emitida por uno de los dos juzgados de Restitución de Tierras con enfoque étnico que tiene Popayán.
La Dirección Territorial Cauca de la URT realiza periódicamente mesas bilaterales en torno a las diferentes sentencias emitidas, tanto en la ruta colectiva como en la individual, con el fin de hacer seguimiento a las órdenes emitidas por los jueces.
Los jueces instan a desarrollar un trabajo mancomunado con las demás instituciones estatales mencionadas en el fallo judicial, lo cual se traduce en una respuesta articulada del Estado para la protección y reparación integral de las víctimas del conflicto armado.