Por Ricaurte Losada Valderrama
Había terminado mi anterior columna expresando que con el panorama que describí en ella, quedó claro que los magistrados tienen que emplear mucho tiempo en actividades electorales que los distraen de su función de administrar justicia y que la procedencia de los principales cargos de la Rama Judicial es política, siendo esta la primera razón por la cual la justicia está politizada.
El segundo motivo se refiere a que los funcionarios con fuero constitucional, es decir, el presidente de la República, los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, así como el fiscal general, no han tenido juez real que los investigue y juzgue. En consecuencia, en muchas ocasiones hacen lo que les viene en gana, prevaricando y actuando de manera corrupta sin que les pase nada.
Por ello, una de las medidas indispensables es quitarle al Congreso la función judicial, en razón a que es un organismo eminentemente político. En consecuencia, no actúa, o no lo hace con la imparcialidad debida. Esto está demostrado con la ineficacia de la Comisión de Investigación y Acusación que por ejemplo, de manera abiertamente indecente, absolvió al ex presidente Samper. Es este uno de los tantos hechos lamentables de impunidad que hace de esa Comisión, una verdadera Comisión de absolución.
«Estos factores se agravan porque no solo se dan por causa de la propia justicia, sino por otras razones del conflicto social y armado, entre las cuales la principal es el narcotráfico, flagelo ecuménico, pero principalmente colombiano».
Justamente, por la politización de la justicia, es evidente la postración del Congreso ante la Rama Judicial que en la práctica, en muchas ocasiones no es él quien legisla.
En palabras del columnista Pedro Medellín Torres, “…lo que ningún régimen político resiste es la quiebra de la justicia. Es el eje sobre el que descansa el orden político e institucional de un país. Sin justicia, todo es desorden y corrupción. Es el mundo donde los corruptos pontifican y los gobernantes se sienten intocables e infalibles”.
Y si ello es así, como lo es de manera evidente e inocultable, y no lo digo solo porque yo haya sido víctima de este flagelo, a través del cual se me realizó un juicio político, disfrazado de juicio jurídico, desconociendo de manera rampante cuanta norma jurídica existe de protección a los derechos fundamentales, entre ellos, burlando el debido proceso que es una conquista vital de la humanidad y del constitucionalismo y dejando de lado elementales principios del decoro y la decencia, sino, entre otras cosas, porque frente al propósito del actual Gobierno de buscar la paz total, dicho objetivo, hay que decirlo con claridad, se hace imposible, no solo por este hecho, en razón a que no es posible encontrar la paz, y menos si se busca que sea total, manteniendo en el ostracismo, en contra de la propia Constitución y del derecho convencional, a tantos excluidos, como quien escribe, viviendo así, en palabras del ex presidente Alfonso López Michelsen, “el imperio de las vías de hecho” y quien agregó que “el Estado de derecho, del que tanto nos ufanábamos, se ha derrumbado”.
Y estos factores se agravan porque no solo se dan por causa de la propia justicia, sino por muchas otras razones del conflicto social y armado, entre las cuales la principal es el narcotráfico, flagelo ecuménico, pero principalmente colombiano.
