Magistrado nariñense se posesionará ante la Corte Suprema de Justicia

En una ceremonia especial que fue programada para el 5 de diciembre la Corte Suprema de Justicia decidió celebrar una ceremonia especial en la que el magistrado José Joaquín Urbano Martínez, recién elegido para la Sala Penal, tomará posesión de su cargo en las instalaciones de la Corte Suprema en Bogotá.

La decisión fue tomada durante una sesión de la Sala Plena de la Corte, en la que Urbano Martínez solicitó que su posesión no fuera realizada por el Presidente de la República, Gustavo Petro, sino ante la corporación judicial misma.

Esta solicitud, aunque inédita, se sustenta en la reciente sentencia C-134 de 2023 de la Corte Constitucional, que permite a los magistrados de las altas cortes elegir entre tomar posesión ante el Presidente de la República, el Presidente de su respectiva corporación o, en su defecto, ante un notario. Esta reforma, que modificó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, busca consolidar la independencia judicial y reducir la dependencia de la Rama Ejecutiva en este tipo de ceremonias.

Trayectoria

El magistrado Urbano Martínez, abogado nariñense con una destacada carrera en la judicatura, es egresado de la Universidad de Nariño y tiene especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, además de una maestría en Criminología de la Universidad Santiago de Cali. Con más de 30 años de experiencia profesional, ha ocupado cargos clave en la Rama Judicial, incluyendo el de fiscal delegado y magistrado auxiliar, y ha impartido docencia en varias universidades de prestigio como la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional.

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Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que esta disposición busca “fortalecer la autonomía de los magistrados y evitar la subordinación a la rama ejecutiva, permitiendo que puedan elegir ante quién desean tomar posesión de su cargo”. Herrera destacó que este cambio es un avance en la protección de la independencia judicial, ya que permite a los magistrados ejercer mayor control sobre sus procesos de nombramiento y posesión, asegurando que la ceremonia se realice en un marco de respeto institucional y sin presiones externas.