Libertad de expresión o difamación impune

Ricardo Sarasty

El derecho a decir lo que piensas, a compartir información y a reivindicar un mundo mejor es inalienable, como inajenable es lo también el derecho a estar o no de acuerdo con quienes ejercen el poder y a expresar tus opiniones al respecto en actos pacíficos de protesta. Estos derechos son parte esencial de todo régimen que se considere democrático y no pueden ser sino protegidos y potenciados por las instituciones y por los que llegaren a ostentar un cargo cuyo poder también puede posibilitarlos para ponerles restricciones buscando protegerse de la observación atenta que se haga con relación a sus actuaciones. La libertad de expresión es un derecho fundamental y nadie puede ponerlo en entredicho en las sociedades consideradas abiertas no obstante se debe advertir que no es un derecho absoluto y cuenta con unas regulaciones conducentes a que el disfrute de él no se convierta en una amenaza para otro derecho o mediante él se ponga en peligro un bien jurídicamente protegido.

El límite que separa la libertad de expresión de la difamación o discurso del odio es cada vez es más delgada. El uso que se hace de este derecho ahora en todos los medios de comunicación, aunque es más evidente en los cibernéticos, rebasa cualquier barrera puesta para proteger la dignidad. Pues es este espacio el más afectado por el empleo abusivo del derecho a la libre expresión, quizá porque en él es más inmediata la divulgación y el consumo de la información que va y viene sin control alguno por el llamado ciberespacio, en donde no existe ya la noción de lo privado y por lo mismo todo parece haberse convertido en de uso público. Pero moral y legalmente nadie puede obligar de manera directa o inducir a la renuncia de la intimidad por lo que el respeto al buen nombre y el honor tampoco puede ser vulnerado so pretexto de la denuncia pública que supuestamente advierte sobre el proceder incorrecto de una persona sin que esa conducta este conexa necesariamente con el descubrimiento de las causales de un daño en contra de la sociedad toda, especialmente cuando los señalamientos se hacen desde una religión o un partido cuya pretensión no es más otra que imponerse atentando en contra del derecho a pensar libremente y a la autodeterminación.

Ya es hora de comenzar a pensar en la instauración del delito de odio, cometido por todo aquel que acudiendo al derecho a la libre expresión y soportado en un falso sentido de superioridad, no solo acaba con el buen nombre, somete a juicio público y llama al linchamiento cuando considera que un individuo por mostrarse diferente al portador del mensaje grosero no puede tener cabida al menos en el sector de la sociedad frecuentado por él. Lo paradójico es que lo hace recurriendo al derecho a la libre expresión y absurdamente agitando esta bandera veda el derecho a expresarse libremente al otro porque no lo reconoce como igual. Conducta que en un régimen de verdad democrático y una sociedad abierta nunca será aceptada y menos permitida.

Más cuando los señalamientos, las falsas imputaciones, las burlas y la divulgación de una información de carácter reservado por ser de interés personal o familiar, cumple con el propósito de minar primero moralmente al hombre o la mujer objeto de la estigmatización por integrar un colectivo sexual diferente, una etnia, profesar una religión o una ideología política opuesta y con más saña aun si proviene o pertenece a una clase social mandada a verse como menos. El abuso de la libertad de expresión no puede tolerarse porque con lleva la exacerbación de las pasiones que como se ve motiva a la comisión de actos en contra de la integridad física.   

Por: Ricardo Sarasty.

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