La Constitución Política de 1991 incorporó al Estado colombiano por la vía del Estado social de derecho, relacionando para ese propósito entre otros puntos, crear un sistema de salud, impulsado tanto por el Estado como por el mercado. Esto como una apuesta para salir del Estado coordinador de la protección social, y responder a la tendencia económica que se dio desde los años 70, que promulgó la viabilidad de un Estado mínimo con mayor influencia del mercado, para avanzar hacia la competitividad global, que llevaría al bienestar general.
Con esas premisas, a principios de los años 90 y finales del gobierno de Virgilio Barco comienzan las pautas para la apertura económica, que se amplían y aceleran con el Plan Nacional de Desarrollo la Revolución en marcha de Gaviria, donde vinculó la salud como un deber, un derecho, y protagonista en la nueva era del Estado.
Derivado de lo anterior, motivaron las expectativas de las personas, toda vez que se sustentó solucionar la baja cobertura, a través de un nuevo esquema, donde a todos se garantizaría el derecho a salud, impulsado por los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia que brinda la competencia o el mercado.
El punto neurálgico de esa novedad del modelo de salud, que ha ido aclarándose con insistencia, se encuentra en los ámbitos del legislativo, el gobierno y demás ilustres impulsores de la Ley 100 de 1993, quienes omitieron aspectos esenciales para materializar el principio universal de salud, como otorga la Constitución. Precisamente, el principio, exige una dimensión especial para operar, que supera las condiciones del país relacionadas con la infraestructura, capital humano e institucionales, que hoy son prueba de los múltiples problemas y salen a flote a diario.
En ese orden de ideas, la gestión de la salud tropezó con debilidades reconocidas de tipo financiero, administrativo y regulación, que en conjunto llevaron a una gran crisis estructural e integral. Aunque se ha pretendido darle otra connotación de ver como hecho parcial, enfocada a la óptica financiera; de esta manera se ha tratado de aplicar reformas limitadas, que hasta ahora no han concretado la solución que la sociedad merece.
Es cierto, con la Ley 100 se alcanzó un incremento importante de cobertura, aumentaron los usuarios; sin embargo, los problemas enunciados anteriormente siguen intactos e indignan. Además, en tanto persisten las situaciones negativas potencian la deshumanización del servicio: la mala atención, pacientes sufriendo por congestiones, las largas filas, medicamentos limitados o sometidos a tramitomanía y servicios deficientes.
La sociedad tolera una crisis integral de la salud; su solución no será sencilla, pero debe ser inteligente, responsable y ética, porque solo retocando financieramente será un escape transitorio, como ocurrió con Saludcoop, Medimás, Coomeva y otras; el problema se traslada a otras EPS.
La Academia Nacional de Medicina en 1993, identificó algunos defectos de aplicación de la Ley 100, que siguen intactos y con seguridad mientras la corrección sea parcial, no funciona. Parece más un juego con la vida.
Por: Germán Caicedo Mora.
