La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de José Armando Carvajal Fernández, conocido con el alias de Flaco Carvajal, señalado como presunto responsable del secuestro y asesinato de Jimmy Alejandro Rosero Chávez, personero municipal de Cumbitara, Nariño, ocurrido el pasado 5 de noviembre de 2024.
Los hechos, que generaron una profunda conmoción entre los habitantes del municipio y la comunidad de defensores de derechos humanos, ocurrieron mientras Rosero Chávez realizaba una visita humanitaria a víctimas del conflicto armado en una vivienda del corregimiento de Sidón, jurisdicción de Cumbitara. Durante su labor, fue interceptado por un grupo armado que lo obligó a salir del lugar bajo amenaza.
Investigaciones
Según las investigaciones, el funcionario fue llevado a un sitio conocido como Puente Rojo, en cercanías al corregimiento de Ejido. Allí, presuntamente, fue ejecutado con múltiples disparos. Su cuerpo fue abandonado en la zona.
La operación de recuperación del cadáver fue igualmente violenta. Al día siguiente, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército intentaron ingresar al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. Sin embargo, fueron atacadas con artefactos explosivos por miembros de la estructura armada ilegal, lo que dejó gravemente herido a un soldado. Solo dos días después, en una operación coordinada, fue posible recuperar el cuerpo del personero.
Presunto disidente
La investigación de la Fiscalía reveló que alias Flaco Carvajal, presunto integrante del autodenominado frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, habría participado activamente en el crimen. El acusado habría utilizado armas de uso personal y de uso restringido, así como explosivos, tanto en el asesinato como en la posterior emboscada contra la fuerza pública.
Ante la contundencia del material probatorio, una fiscal adscrita a la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los siguientes delitos: Homicidio agravado, por tratarse de una víctima que ejercía funciones como defensor de derechos humanos. Pese a los cargos formulados, Carvajal Fernández no aceptó responsabilidad alguna durante la audiencia de imputación.
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