En medio de una reunión dedicada a evaluar la gestión de la infraestructura en el
departamento del Meta, volvió a tomar protagonismo la obra doble calzada
Villavicencio – Porfía, un proyecto adjudicado durante la administración de
Marcela Maya y que, como cualquier megaproyecto financiado con recursos
públicos, debió cumplir con rigurosos estudios técnicos, análisis estructurales,
proyecciones de costos y una planeación seria que permitiera anticipar
sobrecostos, retrasos o eventuales riesgos de corrupción. Estas garantías son,
justamente, las que exige la ciudadanía cuando se destinan millonarios recursos
para mejorar la movilidad y el desarrollo urbano.
Cuestionamientos
No obstante, la actual gobernadora Rafaela Cortés, acompañada del vicecontralor
general de la República, afirmó recientemente que el departamento es un
“ejemplo” en ejecución de obras, en voluntad política y en prevención de elefantes
blancos. Sus declaraciones fueron presentadas como un respaldo a la gestión
territorial, pero para muchos resultaron desconectadas de la realidad que ha
rodeado este proyecto en particular.
Y es que la doble calzada Villavicencio – Porfía atravesó múltiples episodios
críticos que llevaron a organismos como la Procuraduría General de la Nación y el
Departamento Nacional de Planeación a intervenir, revisar documentos, realizar
observaciones, frenar etapas y exigir correctivos. Justamente por este historial,
villavicenses consideraron que hablar de “ejemplo nacional” en plena discusión
sobre un proyecto con tantas alertas es, como mínimo, impreciso.
Polémica
A ello se suma una frase que elevó aún más la polémica: la gobernadora señaló
que “ojalá el próximo año estemos felices tomando sancocho en la obra”, en
referencia a una eventual culminación celebratoria del proyecto. Para voces
críticas, este tipo de mensajes trivializan las dificultades reales que han golpeado
la ejecución de la doble calzada, y terminan por minimizar la responsabilidad
institucional que existe en cada etapa contractual, desde la planificación hasta la
supervisión.
Líderes comunitarios y sectores de oposición enfatizan que el debate no debe
centrarse en “echar culpas” ni en enfrentar a administraciones anteriores y
actuales, sino en reconocer con claridad los errores, corregir lo que corresponda y
garantizar que las obras avancen con transparencia y cumplimiento. “Aquí no se
trata de guardar carpetas ni de maquillar responsabilidades, se trata de cumplirle
al Meta con hechos reales”, señalaron durante el encuentro.