Por Ricaurte Losada Valderrama
La situación que vive Colombia y el planeta, no solo en materia económica sino de manera general, no puede ser más preocupante y, por supuesto que es el contexto de la reforma tributaria.
Existe el creciente riesgo de que la economía global entre en recesión el año entrante, además de que se vive una época de fragilidad y volatilidad que se manifiesta en los precios del dólar, las caídas bursátiles, la inflación y el aumento de las tasas de interés de los bancos centrales, entre otros aspectos que representan un desafío inmenso para las economías, sumado a que nosotros tenemos que corregir varios frentes, en especial la corrupción, el elevado déficit fiscal y el desaforado gasto público.
Y solo he mencionado aquellos hechos que tienen un carácter e incidencia económica más directa, donde se encuentra, por supuesto, la invasión y guerra de Rusia contra Ucrania que pisotea derechos humanos esenciales, partiendo de la vida y el principio fundamental del derecho internacional sobre autodeterminación de los pueblos, con una muy amplia incidencia económica en un mundo globalizado y, por lo tanto, muy interdependiente.
Según el Fondo Monetario Internacional, Colombia sería el país que más crecería en la región este año, pero para el entrante solo crecería el 2.2, pasando de ser la economía más próspera de Latinoamérica -7.6 de crecimiento del PIB en 2022, a la que más duro frenaría en 2023-. El panorama es bien dramático porque la economía influye de manera decisiva en la vida de los pueblos y en la política casi siempre la determina.
«La situación que vive Colombia y el planeta, no solo en materia económica sino de manera general, no puede ser más preocupante y, por supuesto que es el contexto de la reforma tributaria”.
Y con la reforma quedamos con menos capacidad de ahorrar, de invertir y de consumir, lo cual deprime la economía en su conjunto y mientras no se modifique el modelo económico neoliberal, será imposible superar los muy altos niveles de desigualdad, inequidad e injusticia.
Hasta ahora, la meta del recaudo por la reforma, según lo aprobado por las comisiones económicas, expresada en billones es de 21.5, así: 11.3 en impuestos al uso del subsuelo, es decir que la carga en más del cincuenta por ciento de lo que se espera recaudar es para el sector minero energético, hecho que podría poner en riesgo la transición gradual que se requiere de una economía dependiente en alto grado de los combustibles fósiles a la producción de energías limpias.
Y en mucha menor proporción, se aprobaron 3 billones provenientes de personas jurídicas; otros 3, por medidas como la eliminación de los días sin IVA; 2.9, impuestos a personas naturales; 1.3, impuestos saludables; 84.000 millones, por los ambientales.
El efecto de la reforma es según el ministro Ocampo sobre los que tienen más altos ingresos. Solo afecta, según él al 1.4 por ciento de las personas, hecho por el cual se aplicaría el principio de progresividad, lo que no parece así, pues al disminuirse el ahorro, la inversión y el consumo para todos, los tributos terminan siendo regresivos.
Se recuerda que cuando se expide el Estatuto de 1991 la globalización había penetrado prácticamente todo el planeta y el poder de las transnacionales era ya superior al de muchos Estados y que este modelo le resta poder a éstos y les hace acondicionar sus estructuras para ensanchar el voraz apetito económico de ellas, tema que desarrollaré en la siguiente columna.