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San Juan de Pasto, mayo 09 de 2008

diariodelsur@diariodelsur.com.co

Militares apelarán condenas
Histórica condena por caso Jamundí
Durante la lectura del fallo, los militares se mostraron tranquilos. Cuatro oficiales vistieron su traje de honor. Al inicio de la sesión abrazaron a sus familiares.

En audiencia pública se conoció la condena de 54 años que le fue impuesta al coronel (r) Bayron Carvajal, quien junto a catorce militares más fue encontrado responsable de la muerte de diez policías de la Dijín y un civil, en hechos ocurridos el 22 de mayo del 2006 en zona rural de Jamundí.
Por el mismo hecho fue sentenciado a 52 años de cárcel el teniente Harrison Eladio Castro Aponte, mientras que los sargentos Jaime Humberto Montenegro y José Aurelio Palacios Mosquera, el cabo Elver de Jesús Osorio y los soldados profesionales José Porras Mantilla, Luis Eduardo Carvajal, Wilson Pineda, Julián Pomeo, Mauricio Arcángel Ramírez, Paulo Emilio Riaño, Nelson David Posso, José Geiner Peñaranda, Carlos Fernando Erazo y Julio César Rosero, deberán pagar una condena de 50 años cada uno.
Así lo determinó el juez cuarto penal especializado, Edmundo López Guerrero, durante la lectura del fallo condenatorio en el Palacio de Justicia, dando así fin al sonado 'Caso Jamundí'.

Con pleno conocimiento

Durante la audiencia, que tuvo una duración de siete horas, el juez López concluyó que los quince militares del Batallón de Alta Montaña No. 3 actuaron con pleno conocimiento y convencimiento, aprovechándose del estado de indefensión de las víctimas.
Señaló que dada la hora en que ocurrió el hecho (5:50 p.m. - 6:20 p.m.), la luz del día era suficiente para observar y distinguir los vehículos en que llegaron los agentes del grupo Comca (Comisión de Cali) de la Dijín con el informante Luis Eduardo Betancourt a la finca La Cristalina, donde sucedieron los crímenes.
Además, los policías portaban chalecos con distintivos de la Dijín, lo que según el juez, demuestra que los militares sí sabían quienes eran las personas a las que les dispararon.
"Los militares acostumbrados a enfrentar subversivos, difícilmente podían haber sido sorprendidos bajo el pretexto de que no tuvieron tiempo para identificarlos", manifestó.
Asimismo, subrayó que por la distancia en que la que se encontraban los policías (a 50 metros) "no se accionan armas sin saber a qué o a quién disparar".
Para el juez, también quedó desvirtuada la versión de una llamada 'Misión táctica Ballesta', a través de la cual los militares trataron de justificar su presencia en la zona, con el fin de evitar el secuestro de un ciudadano de origen español, según ha dicho Carvajal, y para repeler un ataque terrorista de las Farc.
Eso quedó evidenciado, según el juez, en que el teniente Castro "usó fusiles y algunas granadas" para enfrentar una acción de la guerrilla. "Si estaba tan convencido, no resulta razonable tanta seguridad para eliminar al enemigo y no solicitar apoyo del grupo Antílope".
El magistrado considera que fue un traspiés la afirmación del teniente Aponte: "No sabíamos con quienes nos enfrentábamos, asumimos que eran de las Farc".

Pruebas clave

La Fiscalía dice que hubo llamadas entre Carvajal, el soldado Mahecha y Luis Betancourt, el informante muerto. Unos mensajes marcaban la emboscada: "A las 18 todos debían estar en sus posiciones".
Según el CTI, los militares se ubicaron en siete zonas estratégicas en forma de 'U', para hacer la emboscada. De 150 vainillas recuperadas en el lugar de los hechos, 117 corresponden a armas de los militares.
Sergio Berrío fue llamado a declarar por la defensa, pese a que figuró como testigos de Fiscalía. Dijo que se dejó tentar por ofertas de salir del país, pero que no vio rematar a nadie. Fiscalía dice que él escuchó súplicas de los policías.

En sus propias palabras

"Justicia tenía que hacerse, estaba demostrado con las pruebas recaudadas, este juicio tenía que salir bien. Quedo tranquilo". Manuel Rodríguez, padre del subintendente Julián Andrés R.

El hecho

El caso se presentó el 22 de mayo del 2006 cuando diez hombres del grupo Comisión Cali (Comca) de la Dijín y un civil que les servía de guía fueron emboscados por catorce militares adscritos al Batallón de Alta Montaña.
El ataque se presentó en el corregimiento de Potrerito, jurisdicción de Jamundí, justo en un callejón frente al hogar geriátrico Mi Casita, en la parcelación Cristales. El combate duró 32 minutos, en los que se dispararon 150 balas, 114 de las cuales eran de los militares. De acuerdo con la Fiscalía, los uniformados atacaron a los policías con armas largas y granadas.

Lo que no se resolvió

La principal pregunta que en el polémico 'juicio Jamundí' no se resolvió fue por qué los militares mataron a los hombres de la Dijín. La hipótesis que más sonó fue la participación del narcotráfico, pero esta idea no fue comprobada durante el proceso jurídico.
Esa versión indicaba que los militares protegían una caleta llena de dinero propiedad del narcotráfico, más específicamente del 'Indio William', hombre de Diego León Montoya.

La condena más alta

Los 54 años que el juez Edmundo López impuso a Bayron Carvajal, por considerarlo el determinador del ataque en el que murieron diez miembros de la Dijín y un civil, se convirtió en la condena más alta por homicidio que haya recibido un militar en Colombia. De acuerdo con el abogado Víctor Hugo Vallejo, en otras ocasiones se ha aplicado la máxima pena (60 años) a civiles e, incluso, además de cargos de asesinato se han sumado los de secuestro, por lo que se ha aumentado el castigo.
De otro lado, Vallejo explicó que las penas de Carvajal y los otros militares pueden no ser cumplidas en su totalidad debido a los recursos de apelación. Además, por actividades como estudio y trabajo durante el tiempo que permanezcan recluidos, los uniformados podrían llegar a purgar tres cuartas partes de lo impuesto. En el caso de Carvajal, serían al menos 27 años efectivos de prisión.

La defensa apeló

"Vamos a interponer los recursos de ley, hay varios registros en los que el juez se equivoca. Insistimos en que no quedó demostrada la teoría del caso de la Fiscalía. Yo pedí 118 registros de audiencia y un gran número de pruebas. Son 130 páginas de la sentencia que tengo que verificar con cada registro de audiencia", afirmó Yudy Castro, de la Defensoría Militar, quien le pedirá un mes al Tribunal Superior de Cali para verificar los registros de audio.
La abogada sostuvo que el perito de la Fiscalía, Nelson Isaza Yepes, no logró comprobar las intenciones criminales en los mensajes de texto entre el coronel Carvajal y el sargento Luis Mahecha.
Por su parte, Juan Carlos Carvajal, hermano del coronel (r) Bayron Carvajal, expresó que "esta condena es una cadena perpetua. Sabemos que esto no termina acá, sino que la lucha comienza, en unos años vamos a estar diciendo otras cosas, cuando magistrados den un fallo que revoque lo que el juez ha dicho. Aspiramos que haya más objetividad, porque la argumentación del juez fue llena de supuestos y no de certezas".
De igual manera, los familiares de los soldados presos insistieron en la inocencia de sus seres queridos y en que primó la presión política en el proceso judicial.

Vistazo al país

Por seguridad

MAGANGUE.- La Iglesia Católica en el Magdalena Medio trasladó a los sacerdotes amenazados de muerte por grupos que dicen pertenecer a la banda emergente de las Aguilas Negras. La Diócesis de Magangué, Bolívar, trasladó a dos de los tres sacerdotes amenazados de muerte en el sur de ese departamento.

Duro invierno

MEDELLIN.- Son más de tres mil las personas afectadas por el invierno en Antioquia. El desbordamiento del río Cauca afectó a 20 familias conformadas por 70 personas. En el departamento se declaró la Alerta Amarilla para prevenir tragedias ante la ola invernal que azota a la capital antioqueña.

Destinan recursos

BOGOTA.- Durante la Cumbre de Gobernadores que se celebra en Bogotá, el ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano Ramírez, anunció la ejecución de recursos por $9,2 billones para ampliar la cobertura de agua en todo el territorio colombiano.

Deuda de energía

CALI.- Mil 63 millones de pesos deben desde hace varios meses por el servicio de energía los hospitales San Vicente de Paúl de Palmira, el Departamental de Buenaventura y el San José de Buga. Los directivos de los centros hospitalarios se han negado en varias ocasiones a cancelar la deuda pese a los continuos requerimientos de la Empresa de Energía de Pacífico, Epsa.