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COORDINACION.- RODOLFO PANTOJA email: rodolfoperiodista@yahoo.com.ar

Clamor nacional por liberación de Ingrid
Ahora se espera la respuesta de las Farc, ante esta posición unilateral del Gobierno Nacional.
Al dejar establecido todo el soporte jurídico para poner en marcha de forma inmediata el acuerdo humanitario, el Gobierno Nacional reiteró el clamor por la urgente liberación de Ingrid Betancourt y de todos los secuestrados en poder de las Farc.
Así lo manifestó el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien señaló que las noticias que se han conocido sobre el delicado estado de salud de la ex candidata presidencial y del resto de secuestrados, hacen urgente su liberación.
"El Gobierno se ha unido al clamor nacional e internacional para que la vida de la doctora Ingrid Betancourt sea salvada. En este caso no podemos correr riesgos ni hay más tiempo de espera", subrayó el funcionario, tras explicar el Decreto que permite adelantar de una vez el acuerdo humanitario con ese grupo armado ilegal.
Restrepo dijo que el Presidente de la República firmó el Decreto Reglamentario del artículo 61 de la Ley 975 de 2005, que fija como único requisito para el acuerdo humanitario la liberación de al menos una de las personas que las Farc mantienen en cautiverio.
"Basta con que el grupo armado organizado al margen de la ley libere a la o las personas secuestradas, y de manera inmediata el Gobierno procederá entonces a solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión condicional de la pena, de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley cuyos nombres se haya acordado, de tal manera que ellos puedan recibir el beneficio de la excarcelación", indicó el Alto Comisionado, al explicar los alcances del Decreto.
El funcionario señaló que el interés del Gobierno Nacional, en primer lugar, es la salud de Ingrid Betancourt, pero advirtió que este mecanismo también permite que, de manera inmediata, la totalidad de secuestrados que las Farc mantiene en su poder para realizar el acuerdo humanitario, pueden beneficiarse con la medida.
"Esperamos, entonces, que a partir de este momento el gran clamor nacional e internacional por la liberación de la doctora Ingrid Betancourt pueda llevarnos a que de la manera más rápida posible se concrete su liberación, que el Gobierno, por supuesto, estará dispuesto a dar, de manera inmediata, los pasos pertinentes para que los miembros del grupo guerrillero que tiene en su poder a la doctora Ingrid Betancourt reciban los beneficios consagrados en el artículo 61 de la Ley 975 de 2005", subrayó Restrepo.

El Decreto

La iniciativa del Gobierno Nacional establece que el Presidente de la República o el Alto Comisionado para la Paz, por delegación del Jefe de Estado, enviará a la autoridad competente los nombres de las personas privadas de la libertad que se haya acordado, solicitando la suspensión condicional de la pena.
Además, contempla que los miembros del grupo armado ilegal que reciban el beneficio, deben comprometerse a no volver a delinquir. El Alto Comisionado dijo que este requisito de no volver a delinquir es un compromiso establecido en la ley penal colombiana.
"Toda persona que recibe el beneficio de la suspensión condicional de la pena, automáticamente debe comprometerse a tener un buen comportamiento y no volver a delinquir", recordó el funcionario.
El decreto también señala que los integrantes de las Farc cobijados por la medida, podrán ser beneficiarios de los programas de reintegración a la vida civil ofrecidos por el Gobierno Nacional.
Así mismo, la iniciativa incluye un artículo según el cual los procedimientos que se deriven de lo establecido en el Decreto serán tramitados con prioridad, en atención al superior interés de la paz.
"Se trata de un mecanismo especial, excepcional, relacionado con un acto de naturaleza diferente, humanitaria, relacionado con la liberación inmediata de unos secuestrados, y que va a tener como contraprestación que sin limitación en cuanto al tipo de delito cometido, o la condena a la que estas personas hayan sido sometidas por las autoridades de justicia, nosotros podamos conceder este beneficio", puntualizó Restrepo.

Reforma al umbral vuelve a dividir a coalición oficialista

Por cuenta del polémico tema de aumentar o no el umbral electoral del 2 al 5 por ciento volvieron a dividir posiciones los líderes de los partidos que integran la coalición oficialista en el Senado.
Teniendo como tema central la agenda legislativa para las sesiones ordinarias de Congreso, la bancada uribista se reunió con el presidente Alvaro Uribe en la Casa de Nariño.
El presidente del Directorio Nacional conservador, senador Efraín Cepeda, dijo que además de los proyectos de segunda vivienda, Acuerdo Comunidad Andina de Naciones-Unión Europea, Código de minas, Ley de motos, Reposición de equipos de carga, y Motocarro y tricimoto, llegan al Legislativo proyectos relacionados con la reforma a la Moción de censura y la dosis personal.
De igual forma se abordará un proyecto de nuevo Código Electoral, sobre el cual, estima Cepeda, "se podrían dar primeros debates en esta legislatura". De igual forma, "se darán los primeros pasos con miras a lograr concertar una nueva Ley de Partidos" a partir de la comisión que, instalada por la presidencia del Senado, ha venido trabajando sobre el particular.
El tema de la Reforma Política, que comienza su segunda ronda de debates estas sesiones fue también analizado por la coalición uribista.
Según aseguró Cepeda, la idea de establecer un umbral diferencial que establezca una distinción entre partidos políticos y movimientos políticos en virtud de su capacidad para superar el 5 por ciento del umbral electoral no tuvo acogida.
Esta propuesta, en opinión de Samuel Arrieta, vocero y presidente de Convergencia Ciudadana establecería "una nociva distinción entre partidos de primera y partidos de segunda".
Aunque el Partido Conservador apoyaría una proposición en torno a aumentar progresivamente el umbral electoral, es decir, que para las elecciones de 2010 éste fuera del 3 por ciento y para las de 2014 del 5 por ciento, el Partido de La U sigue firme en torno a la proposición de aumentarlo directamente al 5 por ciento.
El tema de la reelección no se abordó durante el encuentro. Así lo aseguró Antonio Guerra de la Espriella, vocero de Cambio Radical, quien subrayó que para su partido "ni la reelección ni la sucesión presidencial están en la agenda inmediata".
El tema de las comisiones de paz y el encuentro que mantendrían los miembros de las mismas con el presidente venezolano Hugo Chávez recibió duros cuestionamientos de parte de la coalición. El tema ya había sido criticado por la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, quien estimó que el encuentro sería inconveniente dada la tensión todavía existente entre Caracas y Bogotá.
El tema de las comisiones de paz "no es algo bien visto. Lo que se sugirió fue que todo cuanto tiene que ver con las relaciones diplomáticas se maneje como lo sugirió la comisión asesora, desde el Gobierno", señaló Arrieta.
Según trascendió, aunque el tema de las actuaciones recientes de la senadora liberal Piedad Córdoba se abordó, no se tomaron decisiones puntuales sobre el particular.
"Los temas de Senado y Cámara corresponden exclusivamente a la corporación. Hay una independencia de poderes", subrayó el presidente del Partido de la U, senador Carlos García.

Caso de Arango Bacci
Pastrana declarará ante la Fiscalía

En calidad de declarante compareció ayer viernes a la Fiscalías el ex presidente Andrés Pastrana, quien fue llamado dentro de la investigación por supuesta filtración del narcotráfico al almirante Gabriel Arango Baccio.
El ex mandatario declaró sobre el comportamiento del contraalmirante Arango, cuando fue su jefe de la Casa Militar de la Presidencia durante el mandato del presidente Andrés Pastrana de 1998 al 2002.
Este testigo fue requerido por la defensa del almirante al igual que la declaración del jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
El oficial Arango Bacci dijo que nunca ha tenido ningún tipo de contacto con gente del narcotráfico, y destacó que cuando era comandante en la isla caribeña de San Andrés en el 2004 se decomisaron más de 1,6 toneladas de drogas.

En la Cámara de Representantes
Estalla dura crisis en la Comisión de Acusación

Una dura crisis afronta la comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a causa de la falta de presupuesto al interior de la misma célula legislativa.
Actualmente la comisión tiene a su cargo 682 procesos, de los cuales 75 son contra el presidente Alvaro Uribe, 12 contra el fiscal Mario Iguarán y 43 contra el ex fiscal Luis Camilo Osorio.
Esto ha hecho que los casos que debe seguir la Cámara sean demasiados engorrosos. Adicionalmente está la dificultad económica, lo que no permite un mejor desarrollo de los procesos.
Los investigadores de la comisión de Acusación e Investigación consideran que son demasiados frágiles frente a quienes ellos investigan. El presidente de la célula, Germán Olano Becerra, considera que no tiene lógica que ellos tengan que investigar a los magistrados que a la vez los juzgan en las altas cortes.
Con este antecedente, varios de los miembros piensan renunciar a esta comisión al no encontrar un soporte en el hecho de continuar con dichas investigaciones para quienes a la vez, los indagan a ellos. Hasta el momento se sabe que los más molestos con esta son los congresistas Germán Olano y Lucero Cortés.
Cada uno de los investigadores del Congreso lleva más de 50 expedientes y sólo cuentan con abogado asesor que no puede estar por más de 60 días.
Por esta razón, el representante Olano Becerra prepara una salida a la crisis, que será a través de dos proyectos de ley que serán concertados con las altas cortes y el procurador para evitar el 'choque de trenes'.

En el Senado
Citado Mininterior a la Comisión Primera

El ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, fue citado a la Comisión primera del Senado de la República, dentro de un debate de control político que se le hará para que explique el proceso de protección y apoyo que el Estado les está brindando a las víctimas del desplazamiento vinculadas a los procesos de justicia y paz.
De acuerdo con el texto de la proposición aprobada, presentada por el senador Armando Benedetti, fueron invitados el fiscal general de la Nación, el defensor del Pueblo, el presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y el director de la Agencia Presidencial de Acción Social y Cooperación Internacional.
El titular de la cartera política tendrá que responder sobre las estrategias que se han implementado para que las víctimas se incorporen al proceso de justicia y paz, cómo se ha desarrollado el proceso de asistencia legal y cómo se viene protegiendo a las víctimas, dado que la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación ha informado de 15 homicidios entre enero y agosto de 2007 y de 92 personas amenazadas.
De la misma forma, deberá explicar cómo se viene efectuando la reparación a las víctimas, qué bienes se han entregado y qué acciones de persecución judicial o administrativa se han ordenado para rastrear bienes de los procesados.
Así mismo, la Fiscalía deberá informar sobre los procesos que cursan, los delitos estudiados, los resultados obtenidos, los fallos alcanzados y las reparaciones previstas para las víctimas.

A Venezuela
Viaje de Comisión de Paz causa controversia en el Congreso

Una verdadera polémica se originó en el Congreso de la República por el viaje que las Comisiones de Paz del Legislativo harán a Venezuela la próxima semana para dialogar con el presidente Hugo Chávez sobre acuerdo humanitario.
La polémica se inició con las declaraciones de la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, quien consideró que el viaje de las comisiones es inconveniente, ya que el presidente Hugo Chávez ya no oficia como facilitador para la entrega de secuestrados por parte de las Farc.
Además, la senadora Gutiérrez consideró que la visita a Chávez podría convertirse en una situación delicada, teniendo en cuenta las malas relaciones que hay con el vecino país.
De la misma manera, la presidenta del Legislativo explicó que cualquier salida de un congresista, en calidad de visita oficial a otro país, requiere de un permiso, en este caso, de la Plenaria del Senado.
A su turno, la coordinadora de la Comisión de Paz en el Senado, Gloria Inés Ramírez, afirmó que el Legislativo es autónomo y no tiene que pedir permiso para trazar sus rutas de trabajo.
"Lo que ocurre es que, como la política de paz está determinada por el presidente Alvaro Uribe, es comprensible que la presidenta del Congreso haga estas observaciones" añadió la senadora Gloria Inés Ramírez.
Agregó la senadora del Polo Democrático que la intención de las Comisiones de Paz del Congreso no es potencializar protagonismos políticos, sino escuchar al presidente Chávez, al considerar que el mandatario venezolano tiene las verdaderas posibilidades para que los secuestrados regresen a sus hogares.