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San Juan de Pasto, julio 03 de 2008

diariodelsur@diariodelsur.com.co

¡Al fin libres!
Guillermo Andrés Ortega Díaz
Magnífica y gratificante fue la noticia del rescate de 15 personas, entre ellas Ingrid Betancourt, 3 norteamericanos y 11 militares y policías.
El secuestro que ellos estaban sometidos por parte de las Farc ya terminó, y la zozobra de los familiares y allegados concluyó en un final feliz.
Y comparto las declaraciones del presidente Alvaro Uribe donde manifiesta que el final de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) está cerca, eso sí gracias a su política de "seguridad democrática" que algunos detractores critican.
La política de seguridad democrática que planteó Uribe fortaleció las actividades y la presencia de los órganos de seguridad a lo largo del territorio nacional, por eso todos los colombianos que recorremos las carreteras de nuestro país y visitamos nuestras lindas regiones de Colombia vemos que la seguridad ya es un hecho en nuestro territorio.
Por eso nuestro país poco a poco recupera el orden y la seguridad por esta política de seguridad democrática que garantiza la protección de los ciudadanos.
El Estado está velando por nuestra protección sin distinción, para que todos los colombianos podamos disfrutar nuestros deberes y derechos de ciudadanos. Cabe destacar la estrategia del gobierno de implementar y crear las redes de cooperantes, el ofrecimiento de recompensas a informantes, y eso se ve porque cada día se desmovilizan miles de subversivos y se integran a la sociedad civil.
Con esta política de seguridad se han disminuido en los primeros seis meses de 2008 los secuestros, un total de 45, frente a los 127 casos reportados en los primeros 6 meses de 2007, esto significa una disminución del 78.4%.
Esto constata que en los últimos tres años 1.283 colombianos han sido rescatados por las autoridades gracias a la red de informantes y la colaboración con la Fuerza Pública que siempre garantizan la seguridad.
Por eso mil felicitaciones a todos los militares que participaron en esta excelente operación. Al general Freddy Padilla de León, que coordinó esta operación, y sobre todo al presidente Alvaro Uribe Vélez por la extraordinaria política de seguridad democrática.

PEON
Camino hacia un poder popular
"El bien obrar no sólo requiere una voluntad poderosa, capaz de sofrenar las pasiones sino un criterio ajustado a la verdad, que le sirve de guía".
G. Porras Troconis

Luis Eduardo Solarte Pastás

Con la finalidad de catalizar la problemática social a través del trabajo de las propias comunidades envueltas en el proceso de crisis económica, social, política y cultural, por medio de la Ley 19 de 1958 se institucionalizaron las Juntas de Acción Comunal.
En un principio la "ilusión del Estado Moderno" fue llegar hasta todos los rincones del país, cubrirlo con sus brazos todopoderosos, integrarlo, dotarlo de vías, salud, educación, bienestar, progreso; pero lastimosamente ese objetivo nacional sólo se quedó en una simple y llana intención porque los dueños del poder y, por ende, del presupuesto público no se han interesado verdaderamente para coadyuvar con las comunidades en la búsqueda de eficaces soluciones a las necesidades más apremiantes que padecen.
Indiscutiblemente esa indiferencia estatal ha hecho que pocas personas crean ya en el poder del Estado para llegar a lo marginal: "A los territorios que se desarrollan salvajemente, en medio de colonizaciones caóticas del narcotráfico; a la delincuencia obligada o voluntaria, que no la alcanza un aparato de justicia basado en la impunidad, la inmoralidad y la ineficiencia; a la inseguridad urbana o rural, que rebasa todos los aparatos policiales y los más elementales derechos humanos; al esquema político para transformar la democracia formal en democracia real de participación civil y económica".
A pesar de esa negligencia gubernamental el movimiento comunal ha continuado realizando su propia historia para beneficio de cada uno de sus integrantes. Hoy, tan sólo en el municipio de Pasto se han conformado legalmente cerca de 270 Juntas de Acción Comunal, las cuales buscan lograr una auténtica y efectiva participación dentro de las decisiones administrativas y presupuestales que tome y llegue a tomar la administración del alcalde Eduardo Alvarado Santander.
Pero sin que en ningún momento se les vulnere su autonomía e independencia y mucho menos se las manipule en procura de intereses politiqueros, a cambio de una pírrica partida económica que se les asigne para que dizque trabajen en beneficio de los habitantes del corregimiento, la vereda o el barrio.
Porque la experiencia se ha encargado de demostrar que cuando se pretende la unión de las comunidades lo único que se ha conseguido es facilitar a los grupos dominantes la posibilidad de identificar y neutralizar a los líderes comunales para convertirlos en instrumentos de control, más que de participación a favor de la gente que representan.
Quienes se están dando a la tarea de instruir y capacitar a los dirigentes de las Juntas de Acción Comunal, tanto en Pasto como en el resto de los municipios del departamento, deben tener pleno conocimiento que la participación auténtica pretende estimular la autonomía local y regional.
Que los propósitos con los que se desea fortalecer y consolidar las Juntas de Acción Comunal no sea un sofisma más de distracción para anidar en su seno aspiraciones políticas de tal o cual partido, sino que por el contrario, sirva de insertación en la coyuntura histórica que vive el país para obtener una participación real en las administraciones del alcalde Alvarado Santander y de otros mandatarios municipales.
Por consiguiente, en su función los instructores y capacitadores tienen que ser imparciales a las tendencias políticas o politiqueras que en la actualidad rondan como plagas y no olvidar que las Juntas tienen como meta el cambio de actitudes de las personas y comunidades, orientándose por encima de todo interés grupista o personalista, hacia la consecución de un verdadero desarrollo integral que permita abrir el camino que conlleve a la construcción y al ejercicio de un verdadero poder popular.

solarpastas@hotmail.com

El tercio privilegiado
Juan Camilo Restrepo

Según la revista "The Economist" para el verano de este año dos tercios de la población mundial estarán viviendo en ambientes inflacionarios de dos dígitos. Es el dramático despertar de los demonios de la carestía que amenaza con desestabilizar a países como China, Rusia, Venezuela, India y Argentina, entre otros.
El alza desmesurada de los combustibles y de los alimentos es, por supuesto, la causante de esta que parece ser la sombría novedad de la economía mundial en 2008.
¿Cómo estará Colombia en este escenario? ¿Estamos al abrigo?
Todos los observadores coinciden -y el Banco de la República parece aceptarlo- que la meta de inflación originalmente fijada para este año no se va a cumplir. Estará unos dos puntos por encima, es decir, en niveles entre el 6,2% y el 6,5%.
El gran peligro es que se vaya a subir de ahí. Y que -Dios no lo quiera- se pudieran presentar choques adicionales que nos pusieran en peligro de traspasar la barrera hacia inflaciones de dos dígitos. Seguramente no llegaremos allí y, por el contrario, seguiremos haciendo parte del tercio privilegiado de los países con inflaciones de un solo dígito. Sería una verdadera tragedia que así no fuera.
Pero para que logremos mantenernos en ese grupo privilegiado se deberán seguir ciertas normas mínimas de disciplina económica. A saber:
El Banco de la República tendrá que seguir vigilante. Ya lo está. Es su responsabilidad constitucional prioritaria. Y si llegaran a presentarse nuevos cabeceos inflacionarios tendrá que adoptar medidas adicionales. No necesariamente subiendo más las tasas de interés (lo cual sería muy nocivo) sino endureciendo las estrategias de control monetario directo como los encajes. Que han salido del cuarto de San Alejo donde se encontraban recluidos desde hace varias décadas.
El gerente del Banco de la República ha explicado con mucha claridad que no es válida la argumentación de quienes sostienen que porque lo que está subiendo son los productos importados, el Emisor no debe actuar. Existe el riesgo de que alzas bruscas en los bienes comercializados internacionalmente (petróleo y cereales por ejemplo) se traduzcan en incrementos generalizados de expectativas inflacionarias para toda la economía si el Banco Central no actúa.
El Gobierno, a su turno, debe evitar la histeria y privilegiar acciones sensatas que ayuden en la lucha antiinflacionaria. Por ejemplo, estuvo muy bien que "recogiera velas" en la improvisada iniciativa de promover un contraproducente acuerdo de precios. Este tipo de pactos nunca han funcionado bien.
El Gobierno debe, ante todo, promover la competencia que es el mejor antídoto contra la carestía. Allí donde aún sea posible reducir aranceles para la importación de alimentos debe hacerlo. Manejar con suma prudencia los precios que dependen de decisiones administrativas. Hacer realmente el tan cacareado ajuste en el gasto público. Y cuidarse de no seguir mandando mensajes equivocados y populistas en materia salarial como los que ha lanzado recientemente para diputados, concejales y alcaldes.
El país tiene que reafirmar el gran propósito nacional de mantener la inflación a raya. Sería un fracaso monumental que entráramos en el desafortunado grupo de países con inflaciones de dos dígitos de que habla la revista "The Economist".